La realidad de los manteros de Flores

Desde Enero, una enorme presencia policial se manifiesta en la Avenida Avellaneda con allanamientos, detenciones y desalojos, en la zona donde solían instalarse los vendedores de la vía pública conocidos como “manteros”. Varios meses más tarde, la policía sigue en el lugar. Ante el reclamo de los trabajadores, el gobierno no contempla sus necesidades.

“Entraron en los domicilios mientras muchos estábamos de vacaciones. Se llevaron mercadería, material de trabajo, dinero y hasta las computadoras repartidas a los niños en las escuelas.” Así fue como Iván, referente de la Organización de los Vendedores de la Vía Pública de Flores -OVVPF-describió los allanamientos de la primera quincena de enero que cargaron contra alrededor de cincuenta manteros.

“Al llegar a sus casas, encontraban una orden judicial pegada en la pared y la casa revolucionada”, contó Iván. El operativo, en Flores, donde se requisaron varios domicilios particulares y otros donde se almacenaba mercadería, fue desarrollado por la Policía Federal en conjunto con la Metropolitana a la madrugada. El 24 de Enero se instalaron con carros de asalto y numerosos colectivos de Infantería para sitiar la zona de influencia de los vendedores. El personal policial contaba con móviles equipados con cocina y víveres, una clara señal de que llegaban para instalarse durante un tiempo largo.

La acción responde a los reclamos de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), de mucha presencia entre los comerciantes y también con gran peso en la Cámara de Comercio, aliada del gobierno nacional. La orden fue del fiscal Luis Cevasco, a raíz de denuncias de los locales. Instalaron la idea de competencia desleal, la problemática de mafias que manejaban a los trabajadores, y que por esos motivos debían ser excluidos.  Uno de los abogados defensores de los manteros relató: “La criminalización que están sufriendo los vendedores tiene que ver con una mala interpretación del Artículo 83 del Código Contravencional Penal de la Ciudad, que penaliza la venta en espacios públicos cuando se transforma en competencia desleal, lo cual es erróneo porque estas son ventas de subsistencia y no está penalizada.”

Por su parte, el integrante de la OVVPF dice: “Los compañeros no se la agarraron con los comerciantes de la zona porque la respuesta debe salir del Ministerio de Espacio Público, del Jefe de Gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta el día de hoy no tuvimos nada”

Los trabajadores mantuvieron protestas. Agrupados, fueron a pedir una audiencia con el centro comunal. La propuesta del Ministerio fue reubicarlos en un galpón en el barrio de Once, en un predio donde hay 250 puestos. Pero allí no cabrían todos, además de  estar aislado de la zona comercial. Por eso es que Iván considera que “el gobierno nunca quiso resolver la problemática, sino que la intención fue escondernos y se piense que se resolvió”.

Hoy, el 50 por ciento de esos puesteros están desocupados. “Los trabajadores tienen que salir a la calle a vender para poder pagar sus alquileres. Incluso algunos están en situación de calle, y con los tarifazos y el desempleo, se provocó una crisis en esta gente. Hay discapacitados, personas de la tercera edad. Mientras tanto, la policía viene y nos atropella, nos saca la mercadería violentamente, pegándonos, y si no la entregamos nos detienen durante horas, en su mayoría en la comisaría 50”, exterioriza Iván.

Junto a otros compañeros del OVVPF, Iván desarrolló un anteproyecto de ley que los reubicaría en las calles aledañas a la vía del Ferrocarril Sarmiento, entre la Avenida Nazca y Joaquín V González. “El anteproyecto está firmado por el diputado Carlos Tomada y el legislador Pablo Ferreyra. Ambos tienen comunicación con la gente del PRO, por lo que ya les mostraron informalmente el anteproyecto. El problema es que desde el gobierno les dieron la negativa, que no iban a armar más ferias de las que ya tienen. No hubo una conclusión,  por eso dudamos de presentarlo en la Mesa de Entrada. Pero tenemos la intención de hacerlo e impulsaremos el proyecto en base a movilizaciones.”

Iván no pierde la esperanza de recibir una respuesta del Estado que los ubique en esa zona, donde estarían cerca de sus anteriores puestos de trabajo, y sus viviendas. Sobre el predio de Once, el abogado que comunicó a los vendedores con la Defensoría nos cuenta que “lo que argumentan los manteros es que no entran todos y que no es comercializable. Si te pongo en un galpón donde no va a pasar nadie, te estoy condenando. Como nadie quería trabajar ahí, empezaron a llamar a varios manteros que no eran de Flores, para que vayan a la inauguración, hicieron una especie de montaje para aparentar que lo solucionaban. Porque su proyecto era inviable”

Una feria en la zona lindera a las vías traería iluminación, movimiento y comercio. Además, los puestos serían personales, se acabaría la excusa de las mafias y cada trabajador facturaría individualmente. Se les pediría documentación, y un canon para la Ciudad. “Varios compañeros entendemos que es mejor trabajar en la calle que en un taller clandestino, sin que nos exploten, sin tener un patrón.”, y agregó “lo que tienen que entender los vendedores de Once y Liniers, donde ahora se instalaron varios de nuestros compañeros, es que lo que está pasando en Flores debería interesarles. Porque cuando el Estado termine el trabajo acá, van a ir a esos lugares. Por eso tratamos de concientizarlos.”. Dentro de la OVVPF, hay vendedores oriundos de Senegal, Paraguay, Perú y Argentina.

Por último, Iván reflexionó sobre las responsabilidades del Estado: “Al mantero no lo podes eliminar, el trabajador de la calle nace a partir de las políticas neoliberales que no le dan oportunidades a los trabajadores”.

 

Etiquetas: ,